Menosprecio oficial a la salud mental
Por Omaya Sosa Pascual
end.ososa@elnuevodia.com
Nota de la editora: Continuación de la serie sobre el estado de la Reforma de Salud a una década de su implantación.
A PESAR de que los pacientes mentales indigentes tienen hoy acceso a más centros de servicios y a más medicamentos que hace una década, la salud mental sigue siendo el renglón más marginado dentro de la Reforma de Salud.
A una década de haberse implantado el modelo de salud, psiquiatras y activistas pro-paciente se mantienen profundamente divididos sobre el impacto de la Reforma en este necesitado sector.
Unos argumentan que con todo y sus defectos, el nuevo sistema es mejor que el anterior cuando el gobierno proveía los servicios a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) porque ha aumentado la accesibilidad.
Hace diez años ASSMSCA tenía para toda la Isla 12 centros de salud mental, tres hospitales psiquiátricos y cinco centros de metadona para adictos. Hoy, hay 20 clínicas, siete hospitales, 800 médicos en oficinas independientes y los mismos centros públicos de metadona.
Otros condenan el modelo y sostienen que la finalidad del lucro ha llevado al racionamiento y a la desarticulación de los servicios.
Sin embargo, representantes de estos sectores irreconciliables coinciden en señalar que, no importa desde qué punto se mire, la salud mental es la peor área en la Reforma.
A PESAR de que el presupuesto para tratar este sector ha aumentado significativamente desde que inició la Reforma, todavía recibe sólo el 8% del presupuesto total del plan, que al presente es de $1,358 millones. La prima promedio mensual por paciente para los servicios mentales es de $5.50, mientras que en el área física es de $72.24.
La contratación de los servicios de salud mental a compañías administradoras especializadas, separadas de las aseguradoras, en el 2001 significó una mejoría. Anteriormente el presupuesto era inconsistente de región a región, oscilando entre el 4% y el 7% del monto total de la contratación de cada aseguradora.
El cambio también significó un progreso en términos de información estadística y de la cantidad de pacientes atendidos, pero los servicios aún se quedan cortos de las necesidades reales del país.
Datos de la Administración de Seguros de Salud revelan que en 1998, a cuatro años de iniciada la Reforma, se atendieron sólo 66,539 pacientes o un 37% menos que los 105,251 atendidos por ASSMCA en 1992. En el 2001 el número se había duplicado con relación al 1998 y en el 2003 aumentó a 146,584 pacientes. Sin embargo, se estima que cerca de un millón de puertorriqueños sufre de algún tipo de trastorno mental y más de la mitad de ellos son médico-indigentes. Los estimados, que incluyen a los pacientes de adicción, fluctúan entre los 600,000 y los 700,000.
LA PSIQUIATRA Sarah Huertas, catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y líder del Comité de Convergencia para la Salud Mental, dijo que históricamente la salud mental ha estado "severamente" menos atendida que la salud en general, pero afirmó que la situación se ha agravado bajo el esquema actual.
Aunque reconoció como positivo que el programa ha generado una multiplicación de proveedores, -incluso en pueblos que antes no contaban con psicólogos y psiquiatras-, cree que esto ha tenido poco impacto en los pacientes. "Si bien han subido los números (de proveedores), eso realmente no implica acceso. Acceso significa acceso a los servicios que realmente se necesitan, no a una caricatura de los servicios que es lo que ofrece la reforma", apuntó.
La Convergencia, compuesta por grupos profesionales, laborales y comunitarios, reclamó inicialmente el regreso de los servicios al gobierno. Pero ahora pide activamente un sistema de salud completamente nuevo para el país cimentado en un análisis profundo y manejado principalmente por organizaciones sin fines de lucro.
Por su parte, Sylvia Arias, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña para la Salud Mental (NAMI, por sus siglas en inglés) y defensora de la Reforma, coincidió en señalar que la calidad de los servicios es preocupante.
Ambas coinciden que negar medicamentos de avanzada, el racionar citas y la falta de un tratamiento multidisciplinario son los principales problemas. "Hemos avanzado en el número de proveedores, pero no hemos avanzado en la calidad de servicios. Esa conclusión es ineludible", afirmó Arias.
En teoría, indicó, la estructura de la Reforma es "ideal" porque cuenta con leyes y contratos amplios y estrictos para garantizar tratamiento de calidad al paciente. Pero éstos no se llevan a la práctica por las limitaciones presupuestarias y la falta de fiscalización por parte del gobierno. "No importa la forma en que analicemos los números es obligado concluir que la cantidad de pacientes que recibe servicios de salud mental es inferior que aquellos que requieren algún tipo de servicio", sostuvo Arias.
MÁS IMPORTANTE aún, apuntó, las querellas de los pacientes y la evidencia recogida en visitas a las clínicas de estas empresas en los últimos tres años evidencian que el tratamiento que ofrecen es incompleto e inconsistente con los requerimientos médicos, legales y contractuales vigentes.
Al nivel de los servicios que aún están en manos del gobierno, que son los servicios de adicción y alcohol y las instituciones de cuido prolongado como el Hospital Psiquiátrico y los llamados hogares de rehabilitación, el principal problema es que la mayoría no ofrece tratamientos con posibilidad de rehabilitación.
Estos programas tampoco satisfacen la necesidad de servicios, especialmente en el área de la adicción, en la que se estima hay 120,000 pacientes y sólo se atienden 5,000.
(Mañana: Buen negocio para las aseguradoras la Reforma)
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