Arrolladores los gastos de la Reforma
Por Omaya Sosa Pascual
end.ososa@elnuevodia.com
Nota de la editora: continuación de la serie sobre el estado de la Reforma de Salud a una década de su implantación .
AL FINALIZAR el año fiscal corriente, la Reforma de Salud habrá consumido $8,952 millones del erario en su década de existencia y se anticipa que agotará recursos a un ritmo mayor en los años venideros.
Esto, porque al Gobierno le tomó seis años llevar el programa a todo Puerto Rico y es sólo a partir del 2000 que el costo incluye a la totalidad de los beneficiarios cubiertos, entonces 1.8 millones, y ahora 1.6 millones.
Si el Estado hubiese incluido a todos los hoy beneficiarios del plan desde sus inicios, el costo de la Reforma habría sobrepasado los $13,000 millones en esa década.
Pero lo que el Gobierno ha invertido en la Reforma es sólo una fracción del gasto público en servicios de salud de 1994 al presente.
El costo anual de la Reforma equivale a menos de la mitad del gasto público en servicios de salud en Puerto Rico y a una sexta parte del gasto total del país en este renglón, según informes del Gobierno y expertos entrevistados.
En el año fiscal 2002- 2003 la Administración de Seguros de Salud (ASES) gastó $1,348 millones en la Reforma, y las otras agencias de gobierno que ofrecen servicios y seguros de salud gastaron $1,551 millones adicionales.
La Junta de Planificación sostiene que los gastos de consumo personal en la salud en el 2003 ascendieron a $6,834 millones, cifra que incluye los gastos en el sector privado.
Sin embargo, no incluye el gasto de las agencias públicas, ni las ganancias y gastos administrativos de las aseguradoras, explicó el doctor Eliseo Hernández, un estudioso del tema. Hernández calcula que el gasto total en servicios de salud públicos y privados en la Isla excede los $8,600 millones anuales, un 11% del producto interno bruto (PIB).
Esta cifra incluye los presupuestos de las agencias de la sombrilla del Departamento de Salud, del Cuerpo de Emergencias Médicas , la Oficina del Procurador del Paciente, el Fondo del Seguro del Estado y la Administración para la Compensación de Accidentes Automovilísticos.
Después de Estados Unidos, sostuvo Hernández, Puerto Rico es el país que, en proporción a su PIB, más gasta en salud en el mundo desarrollado.
Es, además, uno de los que peores resultados obtiene en sus estadísticas vitales.
CUANDO LA Reforma se ideó en 1993, el sistema público de salud consistía sólo de instalaciones operadas por la Administración de Facilidades y Servicios de Salud (AFASS).
Este concepto, implantado en los años 50, predicaba la atención en niveles primario, secundario y terciario.
El sistema fue elogiado por años, pero a fines de los 80 ya enfrentaba dificultades. Entre ellas, un aumento en costos de un 14%, ineficiencia operacional, y una tendencia de los pacientes de acudir al sistema privado, apuntó el economista Víctor Muñoz, presidente de Medical Card System.
La Reforma de Salud cambió radicalmente este modelo. Fue impulsada en 1994 por el ex gobernador Pedro Rosselló para dar fin a la ineficiencia económica y brindar igualdad en la accesibilidad a los servicios de salud a toda la población médico indigente.
Con algunas variantes, Rosselló estructuró este nuevo sistema de salud a semejanza de las Organizaciones del Manejo de Salud de Estados Unidos.
De esta manera, transfirió la responsabilidad de los servicios directos al sector privado, a través de las aseguradoras, y limitó el rol del gobierno al de contratante y fiscalizador.
Como parte del proceso de implantación de la Reforma, la Administración empezó a vender los hospitales públicos para financiar el programa y saldar la deuda de AFASS.
Aquí surgió uno de los primeros problemas de la Reforma; debido al exceso de oferta, la falta de demanda y la prisa por vender, muchas instalaciones se vendieron bajo tasación y el gobierno retuvo las deudas hipotecarias. Por esto, paga $57 millones anuales hasta el 2021.
La Reforma también ha sido criticada porque no incluyó la reducción o cierre de las agencias públicas, lo que ha degenerado en un costoso sistema paralelo.
A excepción de AFASS, que fue liquidada en el 2001, al día de hoy estas agencias mantienen sus presupuestos y personal. Y aunque algunas han comenzado a facturar por sus servicios como proveedores, la mayoría todavía está lejos de obtener ingresos que sustenten su operación.
Los costos de la Reforma han sido una de sus principales debilidades y fuente de controversias.
El programa inició a manera de plan piloto con una asignación de $18 millones en 1994 y para entonces se estimaba que una vez extendido a toda la Isla el costo anual podría alcanzar los $680 millones.
Ambos estimados se quedaron cortos, al igual que la asignación presupuestaria anual para sufragar sus gastos lo que ocasionó déficits.
Ya para 1995 se estimaba que el costo real rondaría los
$1,300 millones, pero no fue hasta el 2002 que la actual administración de gobierno estabilizó las finanzas del plan con asignaciones recurrentes y controlando costos.
Esto se logró con una serie de medidas que el gobierno implantó bajo el lema de "la reforma de la Reforma".
ESTAS INCLUYERON la imposición de límites en los gastos administrativos y ganancias de las aseguradoras; la cancelación a 200,000 personas que no cualificaban; y la contratación directa de un administrador de beneficios de farmacia que negociara reembolsos por la compra en volumen de medicinas. Esta gestión la hacía antes cada aseguradora y el gobierno no recibía el impacto de los ahorros.
No obstante, el ahorro que se consigue es mínimo comparado con las negociaciones que el gobierno obtenía pre-reforma, con lo que obtiene el gobierno federal para sus programas y para Medicare, y el sector comercial privado en los
Estados Unidos, sostiene un reciente informe de ASES.
Los medicamentos, uno de los mayores costos de la reforma, consumen el 25% del presupuesto total del programa, y se prevé un ritmo de aumento de 30%.
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