Nota del editor: Primera parte de una serie sobre el estado de la Reforma de Salud a una década de su implementación.
EN SUS 10 años de existencia, la Reforma de Salud ha andado un largo trecho y consumido una buena parte de los recursos económicos del país, pero aún no hay un diagnóstico certero sobre su efectividad en mejorar la salud del pueblo.
Los diversos componentes del sistema que cubre a 1.6 millones de médico-indigentes coinciden en que el programa todavía tiene grandes defectos y que tiene que evolucionar, incluso hacia una visión más integral de la salud pública que incluya a la población con planes privados en Puerto Rico.
Estos grupos también aceptan el fracaso del concepto de libre selección, usado de estribillo publicitario por los políticos, pero inexistente para todos los efectos prácticos e imposible dentro de un modelo de cuidado coordinado como la Reforma.
Sin embargo, sectores como las aseguradoras, sostienen que aún así la Reforma es mejor que la anterior estructura de salud pública, en la que el gobierno era el proveedor directo de los servicios. Otros, encabezados por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, afirman que el programa ha sido un total fracaso.
Este fue el balance obtenido por El Nuevo Día en el examen de las estadísticas del período y en entrevistas a importantes componentes de este complejo modelo, con el fin de analizar el saldo del seguro de salud del gobierno en su primera década.
Con este modelo, en 1994 las aseguradoras contratadas por el gobierno comenzaron ha absorber la responsabilidad de la salud de los médico-indigentes del país, que al presente constituyen casi la mitad de la población de 3.8 millones. La iniciativa, ideada por la administración del ex gobernador Pedro Rosselló, creó grandes controversias porque cambió radicalmente la forma y estructura de los servicios públicos de salud que se habían prestado por más de 44 años.
ENTRE LAS críticas más comunes que se le hacen al sistema están que se implantó a la carrera, implicó la venta de casi todos los hospitales y clínicas públicas, conllevó la inversión de cuantiosos recursos económicos del fisco y provocó choques de intereses entre sus componentes.
Asimismo, que la Reforma no incluyó la reducción o cierre de las agencias públicas que prestaban servicios de salud, lo que creó un costoso sistema paralelo. Al día de hoy estas agencias mantienen sus presupuestos y personal de la época previa a la reforma prácticamente intactos.
A pesar de esto, expertos en el tema coinciden en que la Reforma ha evolucionado y que el gobierno ha refinado muchas de sus debilidades. El mayor avance, sostienen incluso los médicos, ha sido la accesibilidad a los servicios, aunque esto no signifique más calidad.
AL PRESENTE hay 7,915 proveedores en comparación con los 1,932 cuando se implantó la Reforma, según datos de la Administración de Seguros de Salud, creada en 1993 para administrar los contratos de Reforma.
"La Reforma de Salud no es ya, después de diez años, el mejor modelo que beneficia a la población médico-indigente del país. Nosotros decimos que el modelo jamás y nunca va a lograr lo que pretendía, que era que todos los ciudadanos tuvieran acceso a servicios de salud de la misma calidad", afirmó Oscar Rodríguez, ex presidente del Colegio de Médicos.
Rodríguez, quien mantiene que gran parte de los problemas de la Reforma responden a que es un modelo económico, no salubrista, lamentó que no exista un estudio clínico que confirme su hipótesis de que ha sido perjudicial para la salud de los beneficiarios.
El galeno basa su teoría en datos como el aumento en las amputaciones de diabéticos y la disminución del cuidado prenatal en los últimos 10 años. "Ese estudio urge para demostrar si este modelo debe continuar o no", afirmó.
Las agencias públicas y los líderes del sector privado que ostentan responsabilidad en el manejo y fiscalización de la Reforma, así como la academia, aceptaron que a una década de la implantación del modelo el hecho de que no se ha realizado estudio alguno sobre su impacto en la salud de los beneficiarios es uno de los mayores escollos a la hora de evaluarlo y planificar su futuro. Hasta el momento, lo que existen son evaluaciones desde el punto de vista fiscal, los recientes programas de manejo de condición implantados por las aseguradoras, y las evaluaciones que el Departamento de Salud hace anualmente a éstas.
EN LOS últimos dos casos lo que se analiza es el nivel de cumplimiento con las pruebas y tratamientos preventivos recomendados en las cuatro condiciones de mayor prevalencia en Puerto Rico: enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión y cáncer de la matriz.
Las aseguradoras también hacen anualmente sus propias encuestas de satisfacción las cuales, no es de extrañar, reflejan altos niveles de complacencia. Este diario supo que el verano pasado La Fortaleza hizo su propia encuesta, pero nunca develó los resultados.
Según se alega, estos resultados apuntan a una acogida positiva a los cambios hechos en el 2001 al plan, pero a pesar de múltiples intentos ningún funcionario en Fortaleza estuvo disponible para hablar sobre el tema.
Para el secretario de Salud, Johnny Rullán, la reforma ha significado un progreso definitivo para los pacientes indigentes que hoy cuentan con una cubierta más amplia a la de muchos planes privados en algunos aspectos. Asimismo indicó que gran parte de las debilidades de plan, que él mismo criticaba en el pasado, han sido corregidas.
Sus principales lamentos sobre el sistema son que aún no promueve la prevención y atención temprana de las enfermedades, y la vulnerabilidad política de su estructura.
"La posibilidad de cambio político le hace mucho daño (a la Reforma). Muchas de las cosas que hemos podido adelantar, pueden que no estén aquí el año próximo", dijo.
A pesar de que fueron más críticos, los presidentes de las tres aseguradoras que al presente administran la Reforma coincidieron con Rullán en que el saldo ha sido positivo.
Indicaron, en entrevistas por separado, que por el costo de $72 al mes por paciente, no hay cubierta en el mercado privado que se compare. Coincidieron en que el mayor logro del plan ha sido una mejoría significativamente al acceso a los servicios de los indigentes. Todo esto pareado con un aumento en ciertos procedimientos preventivos -como las mamografías y las colonoscopías-, que ellos entienden debe haber mejorado también el estado de salud de este sector poblacional.
De hecho, las principales críticas de estos ejecutivos al sistema están basadas en el énfasis que se ha dado a ampliar cada vez más los servicios y los derechos a los pacientes, sin recalcar en sus responsabilidades.
LA OTRA gran queja de las aseguradoras es la interferencia política de ambos partidos de mayoría en las decisiones del modelo, que, según ellos, entorpece el desarrollo pleno de la Reforma. A modo de ejemplo, citaron la iniciativa de la actual administración de abrir una sala de emergencia en cada uno de los 78 municipios de la Isla lo que, a su juicio, es un mal uso de los recursos públicos y un aliciente a la sobre utilización, algo que desestabiliza el modelo.
Además, dos de los tres ejecutivos, Víctor Gutiérrez y Carlos Muñoz, presidentes de Humana y de Medical Card System, respectivamente, lamentaron el choque de intereses que produce la estructura financiera actual de la Reforma.
Según dijeron, el pago a los médicos de una "capitación" -o cantidad fija mensual por paciente- combinado con la amplitud del modelo redunda en algunos de los reconocidos males del sistema como las tardanzas en los referidos y la renuencia a recetar medicamentos. "Donde ha habido para mí uno de los resultados penosos ha sido en el confrontamiento de los pacientes con los proveedores; en esa pérdida de la relación de confianza que debería existir", sostuvo Gutiérrez, quien es cirujano.
Dicho choque también se produce a todos los niveles entre los otros componentes del modelo: médicos, especialistas, hospitales, aseguradoras, farmacias y laboratorios.
A PESAR de esto y de que no existe el mencionado estudio clínico de la población de reforma, los líderes de la industria de seguros de salud mantienen que el programa ha significado un progreso sustantivo en el acceso a los servicios para los pacientes de escasos recursos del país. "Antes, si el paciente tenía un problema, tenía que ir directamente al Centro Médico, en guagüita, y tenía que esperar dos o cuatro meses por una cita, y si ese día no estaba el médico tenía que esperar otra vez o atenderse con un residente. Yo lo vi. El paciente tenía que hacer dos horas de fila al sol para buscar un medicamento y cuando llegaba a la ventanilla le decían 'esa Zantac no la tengo porque la última se la despaché a ese que va por ahí'", relató Luis Marini, presidente Triple C.
Este calificó el programa como "la reforma social más grande que se hizo en Puerto Rico en la pasada década".
|