“Boquerón: Un nuevo desarrollo turístico en un paraíso ecológico tiene encendidos todos los sistemas de alarma de los ambientalistas. Se trata del proyecto Marina de Boquerón, que constaría de casi 200 unidades de vivienda de una y dos habitaciones, una marina para embarcaciones, un almacén y otras instalaciones en esa pintoresca zona de Cabo Rojo. Como suele suceder en estos casos, el proyecto tiene divididos a los residentes del sector. Según una agencia de noticias, varios pescadores consultados negaron que rechacen el desarrollo y alegaron que la oposición fue organizada por grupos que no tienen relación con Boquerón y Cabo Rojo. Pero el representante David Noriega, que entiende que se está poniendo en juego la vida marina, los manglares y hasta la pesca en el sector, anunció que le solicitará una investigación a las comisiones de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara. Según Noriega, el proyecto fue aprobado de manera apresurada. Según los desarrolladores, se respetará el ambiente, los negocios y residencias del sector. La pugna apenas comienza.(  Archivo Histórico, Sección Primer Plano. El Nuevo Día.6 de junio de 1993)

“La juez superior Carmen Rita Vélez Borrás desestimó una acción civil del gobierno municipal de Cabo Rojo y un grupo defensor del ambiente contra la construcción de un proyecto residencial y comercial en Boquerón.           La juez decidió que los demandantes no tenían legitimación activa para reclamar, aparte de que la controversia se había tornado académica porque los humedales que se pretendía defender ya no existían. “De entrada, precisa señalar que estamos conscientes de que la protección y la preservación de los recursos naturales y el ambiente puertorriqueño, conforme lo expresado por el Tribunal Supremo, es de tal importancia que goza de rango constitucional”, dijo la juez Vélez Borrás en su sentencia.      Pero, dijo que el grupo Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, que co-demandó junto al municipio de Cabo Rojo, no demostró que hubiera sufrido daños por la conducta de los demandados, por lo que carecía de legitimación activa para reclamar los derechos de sus miembros.      De todos modos, la juez dijo que “la controversia ante nos se ha tornado académica, toda vez que los humedales que los demandantes intentaban proteger han desaparecido y los terrenos sobre los cuales el Municipio reclama tener un interés han sido expropiados por el gobierno central”. (Archivo Histórico, Sección Primer Plano. El Nuevo Día.)Énfasis suplido Este detalle de la expropiación resulta particularmente comprometedor para evaluar la transparencia de la acción gubernamental ya que según la misma noticia, en enero de1993  el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (CoE) había requerido que se cumpliera con un plan de mitigación para lo cual era necesario que la corporación B.L.M. Resort adquiriera 100 cuerdas de terreno adyacentes al área donde se pretendía construir. “La corporación intentó sin éxito adquirir los terrenos requeridos, pero el gobierno municipal aprobó una ordenanza con el propósito de que dichos terrenos se reservaran para un parque de recreación pasiva. El cuatro de diciembre de 1995, la Administración de Terrenos instó un procedimiento de expropiación forzosa para adquirir los terrenos, con el propósito de que la parte demandada pudiera cumplir con el plan de mitigación impuesto por el Cuerpo de Ingenieros.” (Archivo Histórico, Sección Primer Plano. El Nuevo Día, 18 de agosto de 1996.) Énfasis suplido.

“Alerta ambiental en Boquerón” El poblado de Boquerón está al rojo vivo, y no precisamente por alguna actividad política o festival playero. Resulta que un grupo de pescadores y ostioneros del pintoresco lugar ha presentado en los tribunales una solicitud de mandamus contra la Junta de Planificación y la Junta de Calidad Ambiental por lo que entienden que puede ser un grave daño al ambiente de la zona. Según el grupo, representado por la abogada Jessica Rodríguez Martín, tanto la JP como la JCA concedieron permisos a una empresa desarrolladora que pretende construir un complejo de vivienda en un terreno zonificado como playa pública y bosque de mangle. La empresa en cuestión obtuvo permiso para construir cerca de 200 unidades de vivienda a un costo cercano a los $400,000 por unidad, para construir una marina, dragar la bahía y deforestar varias cuerdas de manglar, según un comunicado de Rodríguez Martín. De acuerdo con el comunicado, los demandantes alegan que no se han celebrado jamás vistas públicas, ``a pesar de que son mandatorias, máxime cuando se está permitiendo un uso ilegalmente y que nunca se presentó una declaración de impacto ambiental como exige la ley''. La abogada dijo que ``los pescadores y ostioneros se encuentran consternados ante el impacto que ocasionará el proyecto a los recursos marinos de los cuales dependen para ganarse la vida''. La primera vista del caso fue señalada para el próximo cuatro de noviembre, en el Tribunal Superior de Mayagüez.(Archivo Histórico, Sección Primer Plano. El Nuevo Día.) Énfasis suplido

“El 22 de mayo, la corporación comenzó la construcción del proyecto de viviendas en el área de Boquerón, destruyendo gran parte de los humedales existentes, por lo que una semana más tarde los demandantes acudieron al foro judicial.” (Ibid)